LO QUE YA SE SABÍA ANTES DE APROBAR LA LEY INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Pros y contras de la Ley Integral contra la Violencia de Género

La Ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género estará en vigor a principios del año próximo.  

Ya pasó los tramites parlamentarios del Congreso con el apoyo de todos los grupos políticos y ahora se discutirá en el Senado donde es posible que el texto reciba algunas enmiendas. Con esta nueva ley se trata, en palabras de José Luis Rodríguez Zapatero, de acabar de una vez con el machismo criminal.

Cómo será la nueva ley
La ley empezará por la escuela. Habrá una asignatura llamada “Ética e igualdad entre hombres y mujeres”, evaluable, que se estudiará a los 15 años en 4º curso de ESO. La Administración garantizará que en los libros de texto no haya conceptos o referencias que puedan fomentar la desigualdad.

Además, en el Consejo Escolar del Estado tendrán presencia las organizaciones de mujeres, el Instituto de la Mujer y expertos reconocidos en la lucha contra la violencia por razones de sexo.

Se considerará ilícito la asociación del cuerpo femenino con un producto concreto en la publicidad.

Se crearán servicios de atención e información inmediata que garanticen un primer asesoramiento legal y psicológico, centros de emergencia para asistir a las mujeres y a sus hijos y centros de recuperación integral.

Se contempla la asistencia jurídica especializada y gratuita, así como ayudas económicas que faciliten a las víctimas empezar una nueva vida: formación para el empleo, acceso prioritario a viviendas de protección oficial, bonificación a las empresas que las contraten, un fondo de garantía de pago de alimentos …

Las víctimas podrán adaptar o reducir su jornada de trabajo, tener movilidad geográfica o extinguir un contrato cobrando el subsidio de desempleo.

Se crearán Juzgados de Igualdad y Asuntos Familiares en cada provincia y capital. Estos jueces podrán adoptar distintas medidas de protección, según la gravedad de los casos: desde la salida del agresor del domicilio, el alejamiento y la suspensión de las comunicaciones, hasta la privación de la patria potestad y custodia de menores o la suspensión del régimen de visitas.

También se reforzarán las penas contra los agresores: las amenazas leves se podrán sancionar con prisión de seis meses a un año y el juez podrá inhabilitar al progenitor para el ejercicio de la patria potestad o la tutela de los hijos hasta cinco años.

En caso de lesiones, se agrava la pena de dos a cinco años cuando la víctima sea la esposa o compañera sentimental, aunque no haya habido convivencia.

Se creará la figura del ‘Fiscal contra la violencia contra la mujer’.

Argumentos a favor
La Ley se ha gestado con el impulso de la mayoría de las organizaciones feministas y ha recibido el apoyo parlamentario de todos los grupos políticos del Congreso.
La Federación de Mujeres Progresistas, una de las asociaciones impulsoras de esta norma, explica a continuación sus argumentos favorables:

El Consejo General del Poder Judicial, en el que sólo 2 de sus 18 miembros son mujeres, elaboró un primer informe favorable, donde sólo se proponían mejoras técnicas. Por su parte, el Consejo de Estado, el Consejo Escolar y el Consejo Económico y Social han hecho sendos informes positivos proponiendo mejoras técnicas.

La necesidad de la Ley es inminente por las dimensiones que ha cobrado la violencia de género. Es imprescindible acabar con la impunidad del maltratador. Las lesiones y amenazas ya están contempladas en el Código Penal, pero el número de agresiones a mujeres precisa de medidas particulares e inmediatas.

El número de hombres que muere a consecuencia del maltrato de mujeres es infinitamente menor. Pero, además, el observatorio del CGPJ no ha podido determinar los casos de maltrato a hombres que no iban precedidos por denuncias de sus esposas. Es un elemento no contemplado pero va a empezar a estudiarse el número de mujeres que cometen crímenes contra sus compañeros en legítima defensa.

Es necesario crear medidas integrales que afecten a las competencias transmitidas a los municipios y las Comunidades Autónomas que, sin rango de Ley, no se pueden implementar.

La Ley garantizará la formación de profesionales (abogados, médicos, policías) para que aprendan a actuar desde una perspectiva de género cuando el caso lo requiera.

En menos de un siglo, la mujer ha pasado de no tener derecho a voto a tener voto, trabajo y cada vez más presencia y poder sociales. Sin embargo, el resto de la sociedad no ha evolucionado, por eso hay introducir medidas que faciliten el cambio. Actualmente, desde la perspectiva de género, no hemos inventado un modelo nuevo de convivencia, mientras que el viejo ya no sirve.

La Ley tiene un valor pedagógico en sí mismo ya que por su aplicación general educa al ciudadano de forma unívoca.

La Ley incluye un presupuesto, algo que los Planes no incluían y que impidió una vez tras otra poder implementar algunas de las medidas que se proponían.

La Ley debe dejar claro que ésta no es una batalla entre Partidos Políticos ni entre hombres y mujeres, sino contra la violencia de género. Y, en consecuencia, la sociedad tiene que percibir que no será fácil volver a atacar impunemente a una mujer.

Argumentos en contra
Ninguno de los partidos políticos con representación en el Parlamento ha valorado negativamente esta Ley Integral Contra la Violencia de Género. Incluso el PP, que en un principio considero que no era necesaria porque a su juicio ya existían otras leyes y normas que acometían el problema, a la hora de votar en el Congreso lo hizo favorablemente.
Próximamente, se discutirá la Ley en el Senado y los representantes políticos de esa Cámara han manifestado su intención de introducir algunas mejoras técnicas pero sin discutir la esencia de esta norma.
Aún así, recogemos en este espacio los argumentos de una de las pocas voces sociales que están en contra de esta Ley. Se trata de Mujeres para la democracia, una organización nacida en 1994 en Avilés (Asturias):

Ley no tiene garantías de constitucionalidad. El Gobierno no ha atendido las consideraciones en este sentido de los Órganos Consultivos como el Consejo General del Poder Judicial, Consejo de Estado y Consejo Económico y Social.

La Ley es discriminatoria. Las amenazas y coacciones son delito cuando las comete un hombre y una falta cuando las comete una mujer. Es una barbaridad que existan delitos sólo para hombres.

La Ley no protege a las personas mayores ni a las que padecen algún tipo de discapacidad. Estas personas son especialmente vulnerables al no poder, en muchos casos, ni siquiera interponer una denuncia por sí mismas.

La Ley no ampara a las parejas homosexuales, que son discriminadas en un asunto fundamental como es la lucha contra los malos tratos. La Legislación vigente sí da cobertura a estas parejas, por lo que el texto del Gobierno supone un retroceso.

La Ley no refunde otras normas autonómicas de protección por lo que existe riesgo de solapamiento e interferencias entre administraciones. El Gobierno no ha consultado la Ley con las Comunidades Autónomas, cuando estas tiene competencia plena en la mayoría de las materias objeto de regulación.

La Ley es insuficiente en las medidas protectoras. No contiene las medidas necesarias que garanticen la seguridad de las víctimas y sus familias. La ley ignora las medidas policiales y el uso de instrumentos tecnológicos adecuados como brazaletes para controlar al maltratador y los aparatos móviles de comunicación con la víctima.

La ley crea juzgados específicos para maltratadas lo que, lejos de ayudar a las mujeres víctimas, las condena a ser juzgadas en “guetos”. No pueden existir juzgados por razón de sexo, igual que no pueden existir juzgados por razón de raza o religión.

La ley carece de medidas para agilizar los trámites de separación y divorcio. La inclusión de estas medidas resulta fundamental por el altísimo porcentaje de mujeres que son asesinadas durante el proceso de separación.

La ley no cuenta con financiación suficiente. La memoria económica que ha presentado el Gobierno es confusa y no detalla el presupuesto artículo por artículo, por lo que no tiene credibilidad.

La ley no ha contado con suficiente diálogo y debate social, se ha elaborado a toda prisa y sin rigor. La ley ha sufrido críticas desde todos los ámbitos: sociedad civil, expertos juristas, administraciones autonómicas, grupos parlamentarios, instituciones y medios de comunicación. Se puede mejorar la ley sin que la protección de las mujeres maltratadas se vea disminuida.

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