Principio de Presunción de Inocencia (In dubio pro reo)

Un derecho fundamental que el Tribunal Constitucional eliminó al no reconocer como inconstitucional la Ley Integral contra la Violencia de Género.

El artículo 24 de la Constitución Española establece el Principio de Presunción de Inocencia, que exige la existencia de una prueba para condenar a un acusado. Prueba que, para desvirtuar la presunción “iuris tantum” (presunción de la existencia de algún hecho, salvo que se pruebe lo contrario) que supone el citado derecho, debe realizarse con todas las garantías, practicarse ante el juez con contradicción de las partes y publicidad, y habiéndose conseguido los medios probatorios llevados al proceso sin lesionar derechos o libertades fundamentales.

Tal y como señala el Tribunal Constitucional, “ha dejado de ser un principio general del derecho que ha informado la actividad judicial (“in dubio pro reo”) para convertirse en un derecho fundamental que vincula a todos los poderes públicos”.

El citado derecho se extiende sobre dos niveles:

a) Fáctico, que comprende tanto la prueba de hechos descritos en un tipo penal como la culpabilidad del acusado y b) normativo, que abarca tanto la regularización den la obtención y producción de la prueba como la necesaria motivación que toda sentencia debe tener.

Este derecho a la presunción de inocencia, consagrado en nuestro sistema con rango de derecho fundamental en el artículo 24 de la Constitución Española, implica que toda persona acusada de un delito deber ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la ley (Artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículo 6.2 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
Esto supone que es preciso que se haya practicado una mínima prueba de cargo, cuya iniciativa corresponde a la acusación que sea suficiente para desvirtuar esa presunción inicial (STS 251/2004).

Por lo tanto, es necesario:

a) que exista en las actuaciones prueba practicada como fundamento de la condena (prueba existente).
b) que dicha prueba de cargo haya sido obtenida y aportada a las actuaciones con observancia de las garantías constitucionales y de las normas aplicables en cada caso, y en cada medio de pruebas (prueba lícita).
que esa prueba de cargo, lícitamente obtenida y aportada al proceso pueda considerarse suficiente para justificar un procedimiento condenatorio (prueba suficiente); y esta suficiencia ha de exigirse con rigor, ya que toda duda razonable en materia de prueba ha de resolverse conforme al principio “in dubio pro reo” en favor del acusado.

Debe incidirse en que no puede prescindirse de la ineludible necesidad de desplegar una prueba de cargo, razonablemente suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado. Presunción que no sólo constituye un derecho fundamental declarado en nuestra Constitución, sino que además, es el “eje alrededor del cual giran las demás garantías procesales y, en definitiva, el funcionamiento de todo el procedimiento penal”.(STS 2 diciembre de 2003).

Señala la sentencia del Tribunal Constitucional 137/88 de 7 de julio y ha reiterado en numerosas resoluciones, que la Presunción de Inocencia ocasiona un desplazamiento de la carga de la prueba a las partes acusadoras, a quienes incumbe exclusivamente probar los hechos constitutivos de la pretensión penal, debiendo ser suficiente para generar en el juzgador la evidencia de la existencia de un hecho punible y de la responsabilidad penal que haya tenido en el acusado, así como sustentar la actividad probatoria en auténticos medios de prueba obtenidos con respeto a los derechos fundamentales y practicados en el juicio oral bajo los principios de igualdad, contradicción, inmediación y publicidad, exceptuándose los supuestos de prueba preconstituida y anticipada, siempre que se observe el de un incumplimiento de determinados requisitos materiales (imposibilidad de reproducción en el juicio oral), subjetivos (intervención del juez de instrucción), objetivos (contradicción con la intervención del letrado) y formales (introducción en el juicio a través de la lectura de los documentos).

Por tanto, no cualquier prueba practicada en el plenario permite el dictado de una sentencia condenatoria, ya que la misma debe ser suficiente. Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 30 de julio de 2012), puesto que en caso contrario, debe aplicarse el Principio In dubio pro reo y dictar una sentencia absolutoria.

Blanca Escaño

 

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